Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 24 de julio Un juez federal ordenó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) entregar versiones públicas de sus contratos celebrados con la Comercializadora Antsua, relacionados con el software de espionaje Pegasus, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado, la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, informó que el titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la capital les concedió un amparo ante la negativa de la Sedena de acatar el ordenamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar los documentos.
“Esta decisión obliga nuevamente a la Sedena a cumplir con la resolución del INAI y entregar los documentos relacionados con la adquisición de Pegasus y su uso ilegal por parte del Centro Militar de Inteligencia“, se lee en el comunicado.
De acuerdo con la organización, la Sedena inicialmente negó haber celebrado dichos contratos; pero su versión fue desmentida por documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con los que se confirmó la existencia de al menos dos contratos vinculados a un “servicio de monitoreo remoto de información”, por más de 140 millones de pesos.
Con la nueva información, el juzgado concedió el amparo y “reconoció en su sentencia que las resoluciones del INAI son definitivas, inatacables y obligatorias para las autoridades“.
R3D acusó a la Sedena de haber “obstaculizado las investigaciones por el espionaje ilegal” perpetrado contra periodistas, medios de comunicación y activistas con su negativa para aportar información a las autoridades.
Un juez federal ordenó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) entregar versiones públicas de sus contratos celebrados con la Comercializadora Antsua, relacionados con el software de espionaje Pegasus, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado, la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, informó que el titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la capital les concedió un amparo ante la negativa de la Sedena de acatar el ordenamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar los documentos.
“Esta decisión obliga nuevamente a la Sedena a cumplir con la resolución del INAI y entregar los documentos relacionados con la adquisición de Pegasus y su uso ilegal por parte del Centro Militar de Inteligencia“, se lee en el comunicado.
De acuerdo con la organización, la Sedena inicialmente negó haber celebrado dichos contratos; pero su versión fue desmentida por documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con los que se confirmó la existencia de al menos dos contratos vinculados a un “servicio de monitoreo remoto de información”, por más de 140 millones de pesos.
Con la nueva información, el juzgado concedió el amparo y “reconoció en su sentencia que las resoluciones del INAI son definitivas, inatacables y obligatorias para las autoridades“.
R3D acusó a la Sedena de haber “obstaculizado las investigaciones por el espionaje ilegal” perpetrado contra periodistas, medios de comunicación y activistas con su negativa para aportar información a las autoridades.