Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 2 agosto del 2024.- Este viernes se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso del contratista de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Marco Antonio M. M, al que se le otorgó la libertad bajo arraigo, y sobre el que diputados dijeron esperar que la investigación llegue al fondo del asunto.
Esto, porque solo se denunció, detuvo y vinculó a proceso a Marco Antonio, quien habría estado de acuerdo con el hoy fallecido jefe de facturación y cobranza de la JMAS René Villareal Pérez, mientras que al ex presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento Roberto “El Pony” Lara, solo se le permitió la renuncia, pero nunca se le llamó a cuentas.
Al respecto, el diputado del Partido Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez dijo que fue importante “lo que pasó en la administración pasada, pero la actual no se queda atrás, y no es conveniente que solo se le llame a la parte privada y no a los funcionarios que estuvieron en ese momento”, como lo fue Lara.
Por ello, consideró necesario que se haga una auditoría integral porque “se actúa con mucha opacidad en la Junta de aguas con poca transparencia y creo que ya es importante que aclaren que están haciendo con el dinero, no solamente la administración anterior, sino de la actual”.
Además, dijo tener información de que “actualmente se están realizando manejos muy irregularidades en términos de recursos, lo del pasado se queda corto ante lo que está sucediendo actualmente, vamos a revisar exactamente lo que sucede porque suben y suben los recibos y no vemos esa inversión en obras de infraestructura”.
Más cauto, el diputado del Partido Acción Nacional Saul Mireles prefirió no comprometerse “creo que es un caso que está llevando la autoridad competente, en este caso la Fiscalía Anticorrupción y bueno, pues tendrán que ser ellos, quienes de terminen qué es lo que sigue y quién tiene que ser llamado, hay que cuidar el debido proceso”.
Para el coordinador del grupo parlamentario de Morena Cuauhtémoc Estrada es importante “no violentar el principio de presunción de inocencia, y seguramente a lo mejor no se hizo por una sola persona, eso se tiene que determinar y entonces le corresponde a las fiscalías, dependiendo el desarrollo de la propia averiguación, hacer el llamado a determinados personas, incluso si fueron funcionarios”.