Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 3 de septiembre del 2024.- Aunque el exgobernador Javier Corral Jurado logró obtener el fuero tras rendir protesta como senador de la República por el partido Morena, al menos nueve de sus más cercanos colaboradores ya enfrentan procesos en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
En tres años de la administración de María Eugenia Campos Galván, solo Juan Pedro Santa Rosa, el extitular del Instituto Chihuahuense del Deporte fue vinculado a proceso por el delito de peculado agravado por más de medio millón de pesos en el 2021, por lo que fue inhabilitado por tres meses para ocupar cargos públicos, por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) debido a su participación en la malversación de recursos públicos.
El más reciente señalamiento por presunta corrupción contra exfuncionarios en el quinquenio de Javier Corral Jurado, es la orden de aprehensión girada por la Fiscalía Anticorrupción contra el exsecretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé quien tramitó un amparo contra la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en su contra.
En el caso de Antonio Pinedo Cornejo, excoordinador de Comunicación Social y “amigo” del exgobernador Javier Corral, es señalado por el delito de peculado con penalidad agravada, tras recibir sin justificación legal aproximadamente 200 mil pesos, recurso que el exfuncionario argumentó eran parte de su finiquito al dejar la administración estatal. Por lo que en un acuerdo para poder obtener el beneficio del criterio de oportunidad estará devolviendo ese recurso en “paguitos” al erario.
Sin embargo, este no fue el único delito contra el exvocero de Javier Corral Jurado, sino que el exfuncionario estatal fue señalado por la Auditoría Superior del Estado por participar, entre 2017 y 2018, en la presunta asignación irregular de contratos, por 9 millones 370 mil 176.97 pesos, a las empresas ‘Xtreme Sports S. de R.L. de C.V.’; Upcon S.A. de C.V. y Malcomsat S.A. de C.V., en las cuales laboraba su expareja sentimental, Abril Susana del Pilar L. R., y que eran propiedad de Efraín Maldonado Delgado.
En 2019, la ASE advirtió en la Cuenta Pública 2018 que Araly Cristina Paulina del Rocío L. A., exdirectora Administrativa de la Coordinación de Comunicación Social, así como Antonio Pinedo, su superior jerárquico, habrían incurrido en irregularidades en la asignación de cinco contratos, entre diciembre de 2017 y diciembre del 2018, por un monto superior a los nueve millones de pesos.
Desde hace poco más de un año, la Fiscalía Anticorrupción informó que fue girada una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda de Javier Corral por el presunto uso ilegal de atribuciones y facultades.
Se trata de una denuncia que se presentó el pasado mes de enero por parte de la ASE, tras haber presentado un informe con irregularidades durante 2020 y 2021 en la cuenta pública del ejercicio fiscal. El fiscal Anticorrupción anunció que a Arturo Fuentes Vélez se le acusa de presunto uso ilegal de atribuciones y facultades y también podría ser imputado por el delito de peculado agravado.
Presuntamente, el exsecretario de Hacienda del Gobierno de Chihuahua habría entregado pagos a un despacho privado por la cantidad de 96 millones 600 mil pesos, en dos pagos de 46 millones 300 mil pesos.
Estas transacciones no estarían sustentadas en la legalidad y no existía en el presupuesto la posibilidad de dicha contratación. Esto habría ocurrido el 3 de diciembre del año 2019 y el 5 de agosto del 2020, con el fin de realizar el refinanciamiento de la deuda pública del Estado. Hasta la fecha, el exsecretario de Hacienda se encuentra en calidad de prófugo de la justicia de Chihuahua.
Es importante destacar que por este delito también se le vinculó al exgobernador Javier Corral Jurado, no obstante, al momento de intentar ejecutar la orden de aprehensión en su contra, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México impidió el cumplimiento del mandato judicial argumentando que, no se había cumplido con el convenio de colaboración entre fiscalías, lo que dio tiempo al exgobernador para tramitar un amparo y poder lograr rendir protesta como senador, acogiendose al fuero.
Otro de los exfuncionarios señalados y bajo proceso jurídico se encuentra Eduardo Fernández Herrera, quien fungió como secretario de Salud durante la administración del ahora exgobernador panista, Javier Corral (2016-2021), quien es acusado de los delitos de peculado agravado y uso ilegal de atribuciones. No obstante, al igual que Antonio Pinedo se acogió al criterio de oportunidad por lo que pasó de acusado y a ser el primer testigo protegido contra Javier Corral.
Otro de los exfuncionarios señalados por cometer presuntos delitos durante la administración “corralista” se encuentra el fiscal que encabezó la “Operación Justicia para Chihuahua”, Francisco González Arredondo quien fue detenido y puesto bajo proceso penal en su contra por los presuntos delitos de tortura en contra de exfuncionarios “duartistas” que fueron vinculados a proceso y algunos sentenciados por presuntos delitos de corrución y desvió de recursos públicos. Tras permanecer en prisión, finalmente un juez federal ordenó que el exfiscal obtuviera su libertad el proceso.
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