Una masacre migrante en Chiapas, la guerra templada del Cartel de Sinaloa en Culiacán y un repunte de los asesinatos en Guanajuato reciben a la presidenta, que esta semana presenta su plan de seguridad
No hay tregua con la inseguridad en México. Cada semana hay nuevos fuegos que obligan al traslado de tropas, caso de Guanajuato o Sinaloa estos días, una forma de contener las llamas, pero no de apagar el incendio, que arde desde hace tantos años. Los tres últimos gobiernos, cada uno encabezado por un partido distinto, le apostaron precisamente a eso, la contención y el despliegue militar, con pequeñas aventuras quirúrgicas de naturaleza policial, con resultados cuestionables, caso de la embestida del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) contra Los Zetas, en los años finales de su sexenio.
Inicia ahora un nuevo Gobierno que, si bien parece abonado a la misma lógica castrense, propondrá soluciones más allá de la contención, como ha informado el gabinete estos días, elevando la cirugía investigativa y de inteligencia a política de Estado. Lo anterior ocurrirá en un contexto en que las Fuerzas Armadas se han convertido en la única corporación policial de la Federación, vía reforma constitucional. La Guardia Nacional dependerá del Ejército, a pesar de las protestas de oposición y activistas. Hace unos días, la muerte a balazos castrenses de seis migrantes en Chiapas, que trataban de escapar de un retén, alimentó la gran polémica de los últimos años.