Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 24 de octubre del 2024.- De prosperar la reforma en materia de Supremacía Constitucional sería un golpe mortal al sistema constitucional mexicano, refirió el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.
Destacó que una de las bondades del sistema constitucional es que “puede revisarse asimismo para mejorar”, y en este caso a través de esta reforma de Supremacía Constitucional que se está proponiendo por parte de Morena lo que pasaría es que los ciudadanos tendrían un mecanismo para defenderse de estas reformas que van en contra del espiritu de la Constitución.
Agregó que, con este tipo de propuestas están destruyendo la Constitución de 9017, por lo que antes de acudir a instancias internacionales todavía quedán algunas alternativas para defender los derechos de los mexicanos.
“Esperamos que prive la razón, hay muchos abogados en el Senado y la Cámara de Diputados y que por amor a este país no sigamos por este camino que empieza a dar y desatar señales de alerta, no solamente en comunidades de nuestro país, sino ante las instancias internacionales”, dijo.
La supremacía constitucional es un principio del derecho constitucional que establece que la Constitución es la norma suprema de un país y se encuentra por encima de todas las demás normas jurídicas.
Este principio implica que, la Constitución es el fundamento del sistema jurídico y las normas que no estén de acuerdo con la Constitución no son válidas. Por lo que los órganos de gobierno solo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señala.
El pasado 23 de octubre cuando Morena presentó ante comisión de la Cámara de Diputados la supremacía constitucional una iniciativa que plantea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueda interferir o “echar abajo” la propuesta para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.
Antes de que Adán Augusto López informara que los cambios en el artículo 1 de la Constitución serían retirados de la iniciativa, la jueza Juana Fuentes había alertado que la supremacía constitucional era una reforma regresiva.
Según la juzgadora, si la propuesta mantenía la reforma al artículo 1 provocaría que la Suprema Corte no pueda defender los artículos de la Constitución, es decir, que los cambios en la Carta Magna no puedan ser impugnados por otro poder.