Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 14 de enero del 2025.- En los últimos tres años en uno de los principales instrumentos de guerra de los cárteles en la región Tierra Caliente, no solamente ha sido el uso de drones explosivos, sino también la implementación de minas antipersonas cuyo manejo se extendió a otras zonas de Michoacán.
De acuerdo con informes del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (Oshra) las minas antipersonas han cobrado la vida de decenas de civiles, principalmente campesinos quienes se encontraban labrando la tierra, así como policías y elementos de las Fuerzas Armadas que realizaban patrullajes de vigilancia; no obstante, el uso de estos artefactos de guerra ha sido minimizado por las autoridades.
Las primeras víctimas civiles de minas antipersonal que se tienen registradas son un campesino que murió y su hijo que resultó herido de gravedad tras pisar un artefacto en un área rural del municipio de Aguililla, el 12 de febrero de 2022.
Dos semanas antes un vehículo militar pasó sobre una mina en las inmediaciones de la localidad El Casangüe, en el municipio de Tepalcatepec, lo que causó una explosión con un saldo de cinco soldados heridos.
A principios de marzo de 2024 tres jornaleros murieron y dos más resultaron heridos como consecuencia del estallido de una mina que se encontraba en una brecha que detonó cuando las víctimas transitaban en una camioneta para llegar a su lugar de trabajo en las cercanías del poblado de Las Cruces, municipio de Tumbiscatío.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que “las minas antipersonal dejan un perdurable legado de muertes, heridas y sufrimientos. Pisar una mina muchas veces significa que una o más personas –por lo general, niños– sufrirán heridas o la muerte, y que las consecuencias afectarán por siempre tanto a las víctimas como a sus familiares”.
Asimismo “la contaminación causada por las minas impide el uso de amplias porciones de tierra, lo que afecta la producción de alimentos y destruye los medios de vida. El impacto de las minas en las comunidades suele prolongarse durante décadas”.
Frente a lo anterior, la comunidad internacional aprobó en 1997 la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, suscrita por el Estado mexicano en diciembre de ese mismo año, que prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de esas armas y requiere que se adopten medidas para prevenir y atender sus efectos de largo plazo.
En el caso de Michoacán desde 2022 a la fecha han ocurrido diversos incidentes con este tipo de explosivos, que han ocasionado al menos diez militares muertos y 29 heridos, cuatro civiles fallecidos y tres lesionados, así como cuatro policías comunitarios heridos.
Seis de los soldados murieron en el sexenio anterior, de acuerdo con lo que dio a conocer en una conferencia matutina el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, cifra a la que se suman los cuatro elementos caídos en los eventos explosivos de Buenavista y Cotija a mediados de diciembre último.
De acuerdo con el OSHRA, la colocación de minas terrestres se inició en Michoacán en el contexto de la disputa por el territorio de parte de diversos grupos del crimen organizado y es un armamento utilizado actualmente por varios de los actores involucrados en esta pugna.
Y aunque esta práctica se inició en Tierra Caliente, ya se expandió hacia otros municipios del estado, entre ellos Coahuayana, en la región Costa, y Cotija de la Paz, en los límites con Jalisco.
Respecto de la mina que explotó recientemente en Cotija, donde murieron dos soldados, el general Ricardo Trevilla consideró que en ese caso específico el explosivo pudo haber sido colocado por un grupo local de Michoacán “para que no ingresara el Cártel Jalisco Nueva Generación”.
A juicio del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, existe en las autoridades resistencia a reconocer la gravedad de la situación en lo relativo a las minas terrestres, con una actitud generalizada de minimizar el fenómeno.
“Al parecer esto tiene que ver con la intención fallida de proyectar una imagen de gobernabilidad que no existe; pero, al no reconocer la gravedad de los eventos que estamos viviendo, no se toman las medidas en la dimensión adecuada”, advierte el organismo.
Así también, abunda, “parece que concentran sus esfuerzos en los centros de población más numerosos: las cabeceras municipales, los asentamientos urbanos, y están dejando a su suerte a las comunidades rurales por considerárseles poco importantes”.
El Observatorio de Seguridad Humana alerta sobre la potencia de los artefactos explosivos utilizados porque “siempre dice la autoridad que son de fabricación artesanal, pero si vemos el efecto que tienen, nos damos cuenta de que no sólo son antipersonas, sino también antivehículos; esto nos hace pensar que, como en otros apartados de esta carrera armamentista, hay grupos del crimen organizado especializados en la manufactura de estos instrumentos”.
Con información de Proceso.