Envía Maru Campos iniciativa para crear fiscalía Anti-Tortura en Chihuahua

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 19 de febrero del 2025.- Con ocho años de retraso finalmente Chihuahua legislará para crear la Fiscalía Anti-Tortura establecida dentro de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aprobada el pasado 26 de junio del 2017.

La iniciativa con carácter se decreto fue enviada al Poder Legislativo por la gobernadora María Eugenia Campos Galvan con el propósito de reformar adicionar y derogar, diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La finalidad de esta nueva fiscalía especializada es garantizar que los casos de tortura por parte de autoridades sean tratados con la debida seriedad, y que las víctimas reciban justicia de manera expedita, así como sancionar a quienes incurran en el delito de tortura.

En dicha Ley General se estableció dentro no solo la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino que se obliga a las entidades federativas para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

“En el artículo 55, quedó establecido que las instituciones de procuración de justicia deben crear Fiscalías Especiales con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en dicha ley, las cuales deben contar con ministerios públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y deben estar dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación”.

Por ese motivo, el Gobierno del Estado de Chihuahua que encabeza la gobernadora María Eugenia Campos Galván envió al Poder Legislativo una iniciativa con carácter de decreto para crear esta Fiscalía Anti-Tortura para la investigación del delito de tortura, salvo en los casos que por falta de recursos suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente.

Es importante precisar que en el caso de Chihuahua a lo largo de ocho años, la investigación de las denuncias por el delito de tortura recayó en la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, perteneciente a la Fiscalía General del Estado.

No obstante, dada la complejidad de la investigación del delito de tortura, y por tratarse de un delito vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, se considera que su conocimiento, investigación y persecución debe ser realizado por una instancia especializada con dedicación exclusiva a dicha encomienda.