Escalada de violencia en Gpe y Calvo coincide con retiro de cuarteles militares en el “triángulo dorado”

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 5 de febrero del 2025.- La violencia en el municipio de Guadalupe y Calvo ha ido en aumento desde hace dos años, período que coincide con el retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de dos cuarteles ubicados en la zona estrategical del “Triangulo Dorado” localizado en los límites de Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

 De acuerdo con información proporcionada por la población de esa región sur del estado de Chihuahua, en diciembre de 2023 fue retirada la base militar de Badiraguato que se encontraba en Portezuelo y posteriormente en abril del 2024 el cierre de otro cuartel militar en San Juan de Nepomuceno en el municipio de Guadalupe y Calvo dejando desprotegidas todas las comunidades aledañas con los resultados que ya todos conocemos.

Esta escalada de violencia en Guadalupe y Calvo, no solo ha desplazado a las familias de las comunidades, no sino a activistas que trabajan en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios y el territorio denunció Isela González Díaz, defensora de los derechos humanos y directora de Alianza Sierra Madre (ASMAC) una organización que trabaja con comunidades Ódami (Tepehuán) y Rarámuri (Tarahumara) en la Sierra Tarahumara.

Guadalupe y Calvo “siempre fue un foco rojo especialmente en las comunidades ubicadas en la región del de la zona Barranqueño donde comienza el barranco de Dolores, en San Juan Nepomuceno, precisamente en esa se han generado las disputas entre los grupos criminales “uno no sabe, ni cuál es uno, ni cuál es otro”, expresó González Díaz.

Destacando que en medio de estas disputas han quedado en medio comunidades como El Cajoncito, Cinco Llagas, La Sierrita, San Fernando cuyos caminos son de muy difícil tránsito y todo el camino hasta Baborigame y la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.

El desplazamiento por “enfrentamientos de cerro a cerro”

Poco antes del mes de septiembre del 2024, los enfrentamientos entre grupos de civiles armados se incrementaron provocando el desplazamiento forzado de más de un centenar de familias de las comunidades de El Cajoncito, Cinco Llagas, Las Casas, Los Placeres, siendo el epicentro la localidad de Dolores, todas estas situadas en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Los relatos de enfrentamientos con aeronaves no tripuladas y el uso de explosivos fue minimizado en un inicio por las autoridades asegurando que se trataban de “enfrentamientos de cerro a cerro”.  

Llegando el mes de diciembre del 2024 y ante la alerta generada en redes sociales por habitantes de esa región que denunciaban “que se estaban dando una serie de enfrentamientos con explosivos mediante el uso de drones”.

La respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), no solo negó el uso de drones sino que aseguró que en estos enfrentaminetos los grupos criminales utilizaban armas calibre 50 o “Barret” para generar temor entre la población porque muchas veces llegan a ser confundidos con explosiones.

“No se utilizaron explosivos de ningún tipo, lo que hubo fue un enfrentamiento a tiros entre los cerros”, dijo Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, quien negó el uso de drones.

Sin embargo, a finales del 2024 comunidades del poblado de Dolores, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fueron blanco de ataques con drones cargados de explosivos, presuntamente operados por integrantes de grupos delictivos. Los artefactos han sido lanzados sobre localidades como San Ignacio, Crucetitas y Tableteros.

Viviendas en localidades como El Saucito y El Arroyito presentan daños considerables causados por artefactos explosivos y armas de fuego. En estas zonas se han encontrado casquill

os de diferentes calibres y artefactos tipo mortero, mientras que campamentos han sido destruidos en los alrededores.

A raíz de esta violencia más de cien personas fueron desplazadas unas al municipio de Hidalgo del Parral y otras más a Sinaloa, todas ellas aterrorizadas ante la ola de enfrentamientos registrados en Guadalupe y Calvo.

Al respecto, el encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Alejandro Carrasco Talavera lamentó la violencia en esa región de la Tarahumara y lamentó que está haya ido en aumento y refirió que aunque se tiene la disposición de trabajar de la mano con los tres órdenes de gobierno la competencia de este organismo derechohumanista lo limita únicamente a ser observador y de acompañamiento.

Ataques a fuerzas armadas con drones explosivos

El primer ataque registrado con drones explosivos ocurrió en vísperas de la navidad a las 12:15 horas del 24 de diciembre del 2024, en una de las brechas de la comunidad denominada El Pinito.

Los atacantes dejaron caer artefactos explosivos en un convoy de la Guardia Nacional, cayendo uno de ellos en el vidrio panorámico de una unidad, mientras que otro se impactó a 50 metros aproximadamente del contingente.

En el segundo ataque con drones explosivos, se registró entre el 31 de enero y el 2 de febrero del 2025 se produjo cuando un grupo de militares y policías fueran atacados con drones explosivos en el camino a Dolores, lo que derivó en un enfrentamiento y dejó cuatro heridos, incluyendo al General Jorge Alejandro Gutiérrez Martínez, de 56 años, y una mujer perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).