Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 1 de febrero del 2025.- A pesar de que hace 18 años el Estado mexicano firmó la Convención el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del mismo año, en el estado de Chihuahua no se ha cumplido con el compromiso de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a un “nivel de vida adecuado, que incluye alimentos, agua ropa y vivienda, además del derecho a la protección social efectiva, que incluye la reducción de la pobreza y los programas de vivienda pública”.
Lo anterior en base a la negativa del Gobierno de María Eugenia Campos Galván de suscribirse al convenio con el Gobierno Federal para la universalización de la Pensión para Personas con Discapacidad mayores de 30 años.
Aunado a lo anterior se le suma que el estado de Chihuahua “no cuenta con un censo real del número de personas con discapacidad”, recriminó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputada Herminia Gómez Carrasco.
Es decir, la invisibilización de las personas con discapacidad radica en la ausencia de este censo real por edad, género y tipo de discapacidad, lo cual es de suma importancia para la implementación de políticas públicas reales que visibilicen a este sector de la sociedad, no solo desde el ámbito médico, sino económico, social y desde la transformación de la infraestructura de los espacios públicos y privados.
A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario 7 Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificaron diversos artículos de la Constitución, siendo el cambio más significativo que se logró con la reforma es el que se hizo al Artículo 1° en sus párrafos primero y quinto y adicionado con dos párrafos –segundo y tercero.
Éste implica un nuevo modo en que “deben organizarse el gobierno federal y todos los gobiernos estatales, de la Ciudad de México y municipales, los órganos legislativos, todos los tribunales y sus jueces, jueza y en general todo el órgano público, autoridad o persona funcionaria para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas que estén en México, sean mexicanas o no”.
Es decir, que es la obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con cuatro obligaciones específicas: promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de todas las personas incluyendo a aquellas con alguna discapacidad.
En este sentido, la diputada local por Morena, Herminia Gómez Carrasco enfatizó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván no tiene contemplado destinar los 600 millones para la firma del convenio para la Beca Universal de Discapacidad del Gobierno Federal para apoyar a las personas con discapacidad en un rango de 30 a 64 años, de eso no hay nada.
La firma de ese convenio es fundamental, particularmente para que las personas con discapacidad mayores de treinta años puedan acceder a un estímulo económico que les permita cubrir lo necesario para subsistir, dijo.
Gómez Carrasco explicó que desde el GPPMorena se encuentran haciendo las gestiones necesarias para que se otorgue ese dinero a las personas con discapacidad. Además, detalló que “buscarán realizar un censo verdadero porque el Gobierno del Estado ha referido que ha nadie les hace falta ese dinero”.
De acuerdo con la legisladora morenista en Chihuahua hay alrededor de 52 mil personas con discapacidad a nivel estatal de cero a más de 63 años, dentro de este estimado todavía faltaría enumerar a personas con discapacidad que habitan en la región serrana o que forman parte de los pueblos originarios y muchas personas que viven en las principales ciudades del estado que no han sido censados.
La legisladora enfatizó que en se encuentran trabajando en realizar este censo “vamos a hacer una propuesta para hacer un registro estatal, municipio por municipio, para tener un registro real y así poder exigier que se pague estas becas”.
En general el gobierno de María Eugenia Campos Galván ha violado los derechos humanos en muchos sentidos, un ejemplo de ello eso que hizo con las personas migrantes que desalojaron a deshoras de la noche, hay protocolos que ellos dicen que se cumplieron, no obstante, no hay un registro de que se cumplieron.
Los derechos humanos en Chihuahua están muy violentados, pero muy fuera de control, nosotros vamos a iniciar una campaña fuerte para que se respete la dignidad de las personas sobre todo que se incluya la beca universal para las personas con discapacidad mixta entre el Gobierno Estatal y Federal, concluyó Gómez Carrasco.