Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 28 de marzo del 2025.- Sin una estrategia efectiva, las elecciones del Poder Judicial previstas en 19 estados de la república podrían convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad advirtió México Evalúa y el estado de Chihuahua no será la excepción quien se encuentra dentro de los 8 entidades federativas con alto riesgo de violencia contra candidatos a jueces y magistrados.
Las regiones focalizadas como de mayor riesgo en el estado de Chihuahua por parte de México Evalúa son los municipios de Cuauhtémoc, Balleza, Bocoyna, Guachochi, Guazaparez, Madera, Morelos, Moris, Parral, Uruachi, Guadalupe y Calvo.
El próximo domingo 30 de marzo iniciarán las campañas, que concluirán el 28 de mayo en 19 entidades donde se llevará a cabo la elección de jueces y magistrados México Evalúa advierte que en Baja California hay un riesgo muy alto. Mientras que en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Veracrzu, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colina registran un riesgo alto. En tanto que, Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, registran un riesgo medio.Únicamente cuatro entidades muestran un riesgo bajo: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán.
Los grupos criminales identificadas por ejercer violencia en esas regiones son facciones del Cártel de Sinaloa, La Línea, y otras de menor tamaño como Los Mexicles, La Bandera, el Tren de Aragua, quienes se disputan el territorio estatal con el objetivo de expulsar a las facciones del Cártel de Sinaloa.
Es importante destacar que el 2024 el proceso electoral registrado en México fue considerado el más violento con más de 550 víctimas recientes registradas de acuerdo con Data Cívica-México Evalúa, por lo que sin una estrategia efectiva, las elecciones del poder judicial podrían convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad, enfatizó México Evalúa en su informe.
La evidencia sugiere que el crimen organizado buscará capturar espacios dentro del Poder Judicial, por lo que será necesario “mitigar los riesgos” a través de un enfoque de seguridad hiperfocalizado priorizando la protección de las regiones de alto riesgo.
En México, los procesos electorales se han convertido en un medio para que poderes fácticos (políticos, económicos o sociales, incluido el crimen organizado) impongan sus intereses. Existen diversos mecanismos por medio de los cuales estos poderes fácticos pueden incidir en los procesos electorales. Entre ellos: la imposición de candidaturas, la financiación ilícita de campañas, la movilización del voto o la intervención en casillas.
Es, por tanto, altamente probable que, mediante la violencia, el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales sobre todo en el ámbito local. Esto supondría la anulación del último dique de contención ante los abusos del poder delincuencial y la consolidación del régimen criminal.
A nivel espacial. Las regiones con mayor riesgo son las que deben recibir protección de manera prioritaria. La medición de la incidencia delictiva no siempre captura la dinámica del crimen organizado, por lo que no sirve para anticipar el riesgo de violencia política. Deben contemplarse zonas con disputas violentas por la explotación de mercados ilícitos.
A nivel individual. Las candidaturas que puedan interferir con mayor frecuencia en los intereses del crimen organizado son las que deben recibir protección de manera prioritaria. Es decir, las que pueden entorpecer la explotación ilegal y violenta de las economías locales. Los jueces penales de primera instancia estatal son particularmente vulnerables.
De acuerdo con Data Cívica y México Evalúa (2024), la violencia político criminal se define como “los actos de violencia —letal y no letal— por parte de organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos”, para incidir en el control de los procesos electorales, las instituciones y los recursos públicos. Se trata de un fenómeno que no es exclusivo de los procesos electorales, pero que se incrementa en dicha ventana.
Dentro de estas agresiones se encuentran: asesinatos, atentados, amenazas, desapariciones y ataques armados que dejaron víctimas letales. Dentro de las víctimas pueden encontrarse autoridades electas, personas candidatas, personas funcionarias de la administración pública, fuerzas de seguridad pública, familiares de dichos actores, personas con influencia política y ataques armados a instalaciones gubernamentales.
La violencia político criminal ha crecido de forma descomunal en un periodo muy breve. De 2021 a 2024, cuando se llevaron a cabo los últimos comicios, incrementó 270.6% en todas sus modalidades; y los asesinatos, en particular, 356%. Esto evidencia la existencia de un acelerado proceso de expansión e intensificación del régimen criminal a nivel de los territorios locales y de la anulación, en consecuencia, del Estado de derecho.
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