Al menos siete narcotraficantes que se encuentran ahora mismo en territorio estadounidense son candidatos a ser castigados con la pena capital
Por
Anayeli Tapia Sandoval
La reciente entrega de 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos ha abierto la posibilidad de que al menos seis de ellos enfrenten la pena de muerte, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y entre los acusados destaca Rafael Caro Quintero, señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
A diferencia de otros procesos, estos capos no fueron extraditados bajo el tratado binacional, sino entregados directamente por el gobierno mexicano a Washington, en una acción extraordinaria justificada por motivos de seguridad nacional.
A estos casos también se suma el de Ismael “El Mayo” Zambada, líder cofundador del Cártel de Sinaloa, que ha generado controversia, pues el veterano capo ha alegado que su detención en suelo estadounidense estuvo lleno de irregularidades, al argumentar que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por lo que ha pedido su repatriación.
En los estados donde la pena capital sigue vigente, el proceso de ejecución sigue una serie de protocolos antes de ser llevado a cabo:
1. Sentencia y apelaciones
Un jurado determina si el acusado es culpable y si su crimen amerita la pena de muerte.
El reo puede apelar su sentencia ante cortes estatales y federales, incluyendo el Tribunal Supremo.
Este proceso puede durar años o incluso décadas.
2. Corredor de la muerte
Los condenados son trasladados a unidades especiales de máxima seguridad, conocidas como “corredor de la muerte”.
Generalmente pasan varios años esperando su ejecución debido a las múltiples apelaciones.
Durante este tiempo, están aislados la mayor parte del día y solo pueden recibir visitas limitadas.
3. Últimos días y preparación
Cuando se establece la fecha de ejecución, el condenado es trasladado a una celda especial cerca de la sala de ejecuciones.
Se le permite hacer llamadas telefónicas y recibir visitas de familiares, abogados y consejeros espirituales.
Se le concede una última comida, que puede solicitar con restricciones de costo y disponibilidad.
4. Ejecución
Se permite la presencia de testigos, incluyendo funcionarios estatales, prensa y familiares de la víctima.
Se lee la sentencia y se pregunta al condenado si desea decir unas últimas palabras.
Se procede con el método de ejecución determinado por el estado.
Métodos de ejecución
De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center, DPIC), una organización que recopila estadísticas sobre la aplicación de la pena capital en Estados Unidos, desde 1976, el 88.5% de las ejecuciones en EEUU han sido por inyección letal, pero ante la escasez de fármacos, algunos estados han reactivado métodos alternativos.
1. Inyección Letal (La más usada en la mayoría de estados)
Se administra una combinación de fármacos a través de una vía intravenosa: Tiopental sódico o pentobarbital: Induce inconsciencia. Bromuro de pancuronio: Provoca parálisis y detiene la respiración. Cloruro de potasio: Detiene el corazón.
El condenado es asegurado a una camilla y monitores médicos verifican su estado antes de la inyección.
Se declara la muerte tras unos minutos de aplicada la dosis.
2. Silla Eléctrica (Se usa en estados como Carolina del Sur, Alabama y Tennessee).
El condenado es atado a una silla con correas de cuero y se le coloca un electrodo en la cabeza y una esponja húmeda para mejorar la conducción de la electricidad.
Se aplican descargas de entre 500 y 2,000 voltios durante 30 segundos. Si el corazón sigue latiendo, se aplica una segunda descarga. Puede provocar quemaduras severas y, en algunos casos, incendios en el cuerpo.
3. Cámara de Gas (Método poco frecuente, permitido en Arizona, California y Missouri).
El reo es colocado en una cámara hermética y se libera gas cianuro o hipoxia de nitrógeno. La muerte ocurre por asfixia en 5 a 15 minutos. Ha sido criticado por provocar convulsiones y un proceso prolongado de agonía.
4. Ahorcamiento (En desuso, solo permitido en New Hampshire, aunque no ha sido usado desde 1996).
Se ata una cuerda alrededor del cuello del condenado y se le deja caer desde una altura determinada. Si la cuerda es muy corta, el reo puede morir por asfixia en hasta 45 minutos. Si es muy larga, puede producir una decapitación accidental.
5. Pelotón de Fusilamiento (Opción en Utah y Carolina del Sur)
Se coloca al condenado en una silla con un blanco en el pecho. Cinco tiradores disparan a su corazón con rifles de alto calibre. Generalmente, uno de los fusiles tiene una bala de salva para que los tiradores no sepan quién causó la muerte.
La muerte es instantánea si los disparos son precisos, pero ha habido casos de agonía prolongada.
6. Hipoxia por Nitrógeno (Nueva alternativa en Alabama, Mississippi y Oklahoma).
Se coloca una máscara al condenado y se inhala nitrógeno puro. La muerte ocurre por falta de oxígeno, supuestamente sin dolor.
No se ha utilizado aún, por lo que sus efectos no han sido completamente estudiados.
¿Quiénes son los narcos que tendrían esta pena?
De los 29 capos entregados, al menos seis enfrentan cargos que podrían llevarlos a esta condena:
Rafael Caro Quintero – Acusado del asesinato del agente ‘Kiki’ Camarena y otros cargos relacionados con narcotráfico. Enviado a Nueva York.
José Rodolfo Villarreal Hernández (“El Gato”) – Autor intelectual de un homicidio en Texas. Enviado a Texas.
Andrew Clark (“El Dictador”) – Enlace del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de homicidio. Enviado a Arizona.
Vicente Carrillo Fuentes (“El Viceroy”) – Exlíder del Cártel de Juárez, acusado de tráfico de drogas y homicidio. Enviado a Nueva York.
Luis Geraldo Méndez Estevane (“El Tío”) – Miembro de Los Aztecas, vinculado a múltiples asesinatos. Enviado a Texas.
Antonio Oseguera Cervantes (”Tony Montana”)– Hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Enviado a Texas.
Cabe apuntar que, aunque Nueva York abolió la pena de muerte en 2004, los casos de Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y El Mayo Zambada pueden enfrentar la pena capital si son procesados a nivel federal. El Departamento de Justicia debe presentar una solicitud formal para aplicar la pena capital, y el fiscal general debe aprobarla.
Si un tribunal federal en Nueva York impone la pena de muerte, los condenados serían trasladados a una prisión federal con corredor de la muerte, como la USP Terre Haute, en Indiana, donde se llevan a cabo las ejecuciones federales.
El narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Texas el 25 de julio de 2024, tras aterrizar en un avión privado acompañado por un hijo de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su captura ha generado una disputa diplomática entre México y Estados Unidos, ya que el gobierno mexicano ha solicitado en cuatro ocasiones su repatriación, argumentando que su extradición debe seguir los protocolos legales vigentes.
Zambada, de 77 años, enfrenta cargos en una corte de Nueva York por tráfico de drogas, conspiración y crimen organizado. A diferencia de otros capos, su caso es diferente porque fue arrestado directamente en suelo estadounidense, lo que podría exponerlo a la pena de muerte, una posibilidad que él mismo advirtió en una carta enviada el 21 de febrero al gobierno mexicano. En el documento, solicitó asistencia consular urgente y afirmó: “Si el gobierno de México no actúa (…) seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda”.
El tratado de extradición entre México y EEUU excluye la aplicación de la pena capital en casos de ciudadanos mexicanos trasladados bajo este acuerdo. Sin embargo, dado que Zambada fue capturado en territorio estadounidense, Washington no estaría obligado a respetar esa cláusula.
Mientras el futuro de Zambada se define en los tribunales, su detención ha desatado una crisis interna en el Cártel de Sinaloa, con un incremento de la violencia en la región. Enfrentamientos entre los grupos de “Los Chapitos” y “Los Mayos” han provocado un aumento en los homicidios y el cierre de negocios en Culiacán, lo que ha llevado a las fuerzas federales a reforzar la seguridad en la zona.