Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 8 de abril del 2025.- El fiscal general Alejandro Gertz Manero desestimó las denuncias de las madres buscadoras que encontraron el rancho Izaguirre, en Jalisco y aseguró que de acuerdo con las investigaciones, “no hay indicios de cremación”.
“Mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación, no la encontramos”, dijo el funcionario.
Reiteró que las investigaciones han permitido establecer las actividades que se realizaban en el predio ubicado en Jalisco.
En primer lugar, tenemos 15 detenidos que ya estaban por otros delitos, vinculados con delincuencia organizada”, refirió el titular de la FGR.
“Creo que hay una buena cantidad de información que vamos a tener en el curso de ésta y la próxima semana, y yo quisiera ver la posibilidad de poderlos convocar a ustedes, para poderles dar, no solamente la información, sino la documentación al respecto”, señaló.
Condena internacional
La semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas emitió medidas cautelares para el Estado mexicano tras los recientes hallazgos en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Esta decisión resultó de una solicitud presentada por la organización Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
De acuerdo con lo indicado por estos organismos de la sociedad civil, presentaron 18 casos ante el Comité. Argumentaron que las medidas interesan a todos los colectivos y familias de personas desaparecidas, dado que aún no existe una investigación exhaustiva que identifique los restos y objetos con sus respectivos dueños.
Por su parte, el Gobierno de México denunció el sábado por la noche las críticas recibidas por parte del CED de Naciones Unidas y aseguró que en modo alguno tolera y permite este delito.
La comisión, cabe recordar, dictó medidas cautelares a México para que proteja las fosas comunes del Rancho Izaguirre, en Jalisco, una finca acusada de ser empleada por el CJNG como centro de detención ilegal y exterminio; y alertado de que hay indicios de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio mexicano.