Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 29 de mayo del 2025.- El abogado Carlos Omar Villalobos Peinado, representante de la comunidad rámuri de El Trigueño en el municipio de Balleza fue quien promovió un amparo contra la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez.
De acuerdo con el abogado las represas por su antigüedad de más de cien años de existencia y el azolve tienen poca agua superficial, sin embargo, contituyen una fuente vital para la subsistencia de las comunidades indígenas aledañas a la zona, por lo que el impacto ambiental, violaciones a derechos indígenas.
Villalobos Peinado comentó que tuvo contacto con miembros de esta comunidad desde el pasado fin de semana, quienes le alertaron sobre la llegada de maquinaria pesada proveniente de Guasave, Sinaloa, con instrucciones de derribar con maquinaria y explosivos las presas del rancho el Saucito en un operativo que se realizaría con elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, con regreso previsto para el martes 27 de mayo.
Ante esto, la urgencia de la situación y tras verificar la preocupación de la comunidad indígena, procedió a elaborar una estrategia legal para frenar de inmediato la destrucción de estos cuerpos de agua.
Aseguró que varios de los habitantes firmaron y algunos otros colocaron su huella digital a la solicitud de amparo, todos debidamente identificados, a pesar del poco tiempo disponible y las condiciones adversas.
“Estos cuerpos de agua no solo sirven para el consumo humano y doméstico, sino también para enfrentar los incendios forestales, mantener humedad en la zona y preservar la fauna silvestre de la región”, refirió el abogado.
Asimismo, resaltó que la represa principal tiene más de 100 años de existencia y un permiso de operación que data de 1942. La destrucción de esta infraestructura, argumentó, representa no solo un impacto ambiental significativo por la pérdida de hábitat para especies como patos, conejos y jabalíes sino también una afectación directa al equilibrio ecológico local, incluida la recarga de mantos acuíferos y la creación de microclimas.
El abogado también rebatió versiones difundidas por algunos medios, señalando que la información sobre el volumen de agua liberado es inexacta. “Quien observe con atención los videos difundidos podrá notar que el agua simplemente se desperdició. No llegó a ningún río y, debido a la alta temperatura y poca cantidad, se evaporó rápidamente”, aseveró.
Villalobos lamentó que el caso se haya politizado y convertido en blanco de ataques, cuando su único interés afirmó es la defensa legal de los derechos humanos de comunidades indígenas, reconocidas como grupos vulnerables por la Constitución y la propia Ley de Amparo.
“Reitero mi invitación a las autoridades correspondientes para establecer un diálogo directo que permita garantizar el uso adecuado del recurso hídrico y evitar su desperdicio”, puntualizó Villalobos Peinado.