Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 21 de octubre del 2026.- La defensa legal del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, descalificó severamente los argumentos presentados por el Ministerio Público Federal durante la audiencia de vinculación a proceso por el delito de traición a la patria, en el marco del polémico caso del operativo de El Pinal.
De acuerdo con el abogado defensor Héctor Villasana, la representación social de la FGR elevó la acusación a un plano geopolítico extremo e inadmisible, al grado de equiparar las decisiones del exfuncionario con una crisis política como la ocurrida en Venezuela.
Durante su pronunciamiento, el equipo legal expuso los señalamientos más álgidos vertidos por la fiscalía durante los debates judiciales, destacando una narrativa que calificaron de «absurda» y carente de sustento jurídico objetivo.
«Incluso llegaron al absurdo ayer en la argumentación del Ministerio Público de decir que la acción del licenciado Jáuregui se podía comparar o equiparar a lo que estaba pasando en Venezuela, y que incluso, si no había un castigo ejemplar hacia él, el gobierno de Estados Unidos podía introducirse a México y llevar a cabo una acción como la que llevaron en Venezuela al momento de extraer al presidente Maduro», denunció el abogado defensor.
Para la defensa, este tipo de analogías buscan presionar al tribunal mediante temores de seguridad nacional e injerencia extranjera, alejándose por completo de la realidad del operativo en El Pinal, cuyo objetivo central y documentado fue la desarticulación de un laboratorio de drogas sintéticas.
Frente a la teoría del caso de la FGR sobre un supuesto concierto previo con agencias norteamericanas, Villasana reiteró que la propia indagatoria —respaldada por más de 80 testimonios de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de agentes estatales que participaron en el operativo— confirma que la presencia de ciudadanos extranjeros fue limitada, sin labores de investigación en campo, sin portar insignias oficiales ni armas o equipo táctico, y sin haber sido reportados a mandos superiores como una fuerza activa.
La defensa insistió en que el Ministerio Público intenta mezclar «dolosa y mañosamente» la orden legítima de combatir a grupos generadores de violencia con una autorización ficticia de agentes extranjeros, utilizando argumentos desproporcionados para justificar una medida de vinculación a proceso sin precedentes en el México moderno.