Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 5 de julio del 2024.- El proyecto de dictamen para expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el estado fue aprobado por integrantes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado por lo que la iniciativa será enlistada para que durante uno de los períodos extraordinario de sesiones sea votada antes de culminar esta legislatura.
Carla Rivas Martínez, presidenta de la Comisión comentó que, con la aprobación de este dictamen se da pie a la expedición de la Ley de Movibilidad y Seguridad Vial, “se trata de una homologación a la Ley General, por mandato constitucional, como lo es el contenido en el artículo 4º de la Constitución Mexicana”.
Para establecer este dictamen, los integrantes de esta Comisión iniciaron cuatro iniciativas propuestas por integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MORENA, y la representación del PT.
Desde el 2021 legisladores comenzaron a trabajar con esta iniciativa de ley a través Mesas Técnicas y Foros con la participación de más de 20 especialistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, donde cada quien fue dando a conocer sus puntos de vista y conocimientos para ver que es lo que Chihuahua necesita en temas de movilidad, detalló Rivas Martínez.
A través de la aprobación de esta Ley de Movilidad se busca dar cumplimiento para que toda persona tenga derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad que permita el desplazamiento de personas, principalmente a aquellas que su diario es caminar.
Esta Ley busca la mejora de la infraestructura vial desde pasos peatonales, puentes, banquetas este último punto uno de los que más se analizó debido a la necesidad de contar con espacios donde se pueda garantizar la seguridad de las personas mientras se desplazan en la vía pública.
Por parte de la Secretaría Técnica se enfatizó que, de aprobarse el Decreto por el Pleno Legislativo, la entrada en vigor del mismo sería a partir del 1º de enero del año 2025, ello para dar oportunidad al Ejecutivo del Estado para que lleve a cabo las adecuaciones necesarias.