Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 15 de julio del 2024.- Chihuahua fue el último estado de la república mexicana donde se tipificó el feminicidio, esto a pesar de las recomendaciones y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tanto en el caso del Campo Algodonero como del Arroyo del Navajo, ambas sentencias fueron emitidas con escasos años de diferencia y con las cuales se muestra el largo camino de las mujeres en una lucha por una vida libre de violencia.
Decádas después de los señalamientos internacionales y con una estela de muerte, finalmente en octubre del 2020, el Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 126 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua para tipificar el delito de feminicidio, pues antes de la tipificación legal, los crímenes de mujeres, niñas y adolescentes eran considerados homicidios por razón de género.
Por muchas adecuaciones que se han dado en el marco jurídico, incluso la realizada actualmente por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de Chihuahua donde se aprobó la inclusión de la Violencia Vicaria en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
No obstante, por muchos avances jurídicos en la erradicación de las agresiones físicas, psicológicas, económicas y estructurales que viven las mujeres, la violencia no ha disminuido por mucho que involucren nuevos conceptos y términos jurídicos.
La violencia “vicaria” el nuevo concepto jurídico de moda que intenta visibilizar una “forma de violencia que implica causar daño físico o psicológico a una mujer a través de sus hijos, y comúnmente es perpetrada por alguien con quien la mujer tiene o haya tenido una relación, no es un tema de violencia actual, sino que se viene arrastrando desde el pasado inmediato».
Al respecto, María Luisa Salazar, coordinadora del área de Delitos de Género del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), aseguró que la violencia de género no ha disminuido en ningún grado en tanto que la tendencia siempre es hacia la alza, si llega ha haber un decremento esto es de manera significativo, pero en realidad lejos de las estadisticas que nos ofrece el Secretariado Ejecutivo Nacional.
La disminución que se presenta es que algunas mujeres han dejado de denunciar, el presentar un proceso legal indica que termine la violencia en su contra y más si hay hijos e hijas de por medio ó con otras parejas.
Hay mujeres que tiene una mala experiencia en los procesos legales por lo que optan por ya no denunciar y buscan otros medios como resolver la problemática que enfrentan. dejando de lado las denuncias, seguró María Luisa Salazar.
Solo en el observatorio de delitos del Cedehm de enero a junio de este años se le ha dado acompañamiento a 60 mujeres, 64 niñas y adolescentes y 38 niños o adolescentes por múltiples violencias, entre las que se incluye la violencia vicaria.
En comparación con años anteriores, el Cedehm ha registrado una disminución con años anteriores de la solicitud de acompañamiento a mujeres victima de violencia, esto no quiere decir que las agresiones contra las mujeres se haya reducido, sino que los procesos jurídicos no fue beneficioso ó no les reparó el daño ocasionado como ellas hubieran deseado.
En lo que respecta al violencia vicaria vemos que está todavía esta lucha, ya esta establecido en la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se le reconoce, lo que se traduce en un buen paso, ya que desde tiempo atrás ya había existido, solo que no se le había puesto un calificativo, el hecho de que esté en esta ley es un avance pero parte del movimiento feminista buscamos que el concepto se señale en un código penal para que pueda ser visibilizado, sancionado y buscar una disminución.
De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía de la Mujer (FEM) de enero a junio del 2024 se han registrado 24 feminicidios de mujeres aunado a los 7 mil 066 denuncias por violencia familiar y 980 agresiones sexuales contabilizadas, estas últimas con una reducción del -15%.
En base a esto, la titular de la FEM, Wendy Chávez Villanueva de las 8 mil 600 carpetas de investigación por violencia de genéro, 2 mil 352 han sido judicializadas y solo 401 han recibido una sentencia, es decir que solo el 4.6 por ciento.
Chávez Villanueva explicó que el porcentaje obtenido en el número de sentencias obtenidas en un período de seis meses obedece a los tiempos procesales, descartando un indebido seguimiento a los casos.
Por su parte, María Luisa Salazar destacó que aún existen muchos procesos pero si los vemos en la realidad podemos percibir un “embudo” donde la violencia de genéro es un problema gigantesco donde vamos pasando “por un colador” a todas las mujeres que se atreven a denunciar, lo que se traduce un número inferior.
Ya que denuncian vamos a pasar por un filtro las denuncias que “no mueve el Ministerio Público” ó donde las mujeres regresan con el agresor u otras situaciones que no llegan a judicializarse, ahí el filtro es enorme, ya cuando se quedan las que se van al tribunal donde hacemos cuentas de otro filtro que termina en una suspensión condicional del proceso.
La conciliación esta prohibida por la ley, pero la suspensión condicional es una de las salidas en el que no hay una sentencia, es una salida alterna que marca la ley porque la violencia familiar tiene una penalidad y ciertos beneficios quien lo comete tiene esas posibilidades.
Finalmente, nos encontramos con las mujeres que terminan el proceso, las cuales son en un bajo porcentaje que en definitiva “no es reparadora para las mujeres y donde al llevarse a cabo el proceso es dificil que ellas pongan fin a la violencia, principalmente porque aunque el agresor no puede acercarse a la mujer, si puede hacerlo con los hijos y es ahí donde da inicio la violencia vicaria”, detalló María Luisa Salazar.
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