Coloradas de la Virgen una comunidad cuya historia está plagada de violencia

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 16 de junio del 2025.- En su informe “Entre Balas y Olvido” realizado por Amnistía Internacional en el 2019 el organismo derecho humanista denunció que en la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo no existen “medidas adecuadas para proteger a la población del riesgo que enfrenta la comunidad dado que ésta cuenta con una baja presencia estatal y una fuerte presencia de grupos del crimen organizado”.

Amnistía Internacional pudo identi¬car que, en México, y particularmente en el estado de Chihuahua, la lucha por la defensa del territorio se da en un contexto en que la presencia del crimen organizado representa una de las principales amenazas para las personas defensoras de derechos humanos, prueba de ello son los nueve homicidios de activistas ocurridos desde el 2015 a la fecha.

Han transcurrido seis años de la publicación de este informe  de Amnistía Internaciona y la violencia no ha dado tregua a la comunidad de Coloradas de la Virgen, sino todo lo contrario esta se ha extendido a otras comunidades como El Cajoncito, El Pie de la Cuesta, Las Casas, Cinco Llagas y Baborigame este último visitado hace unas semanas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Testimonios de desplazados denunciaron que a lo largo de los años la violencia armada ha ido en aumento generando no solo muerte y desolación, sino que actualmente, los grupos armados han estado coptando a los jóvenes, en su mayoría adolescentes para adiestrarlos y que formen parte de las filas del crimen organizado, quienes se rehusan son asesinados.

En el caso de las jovencitas, las “usan” señaló una de las victimas de desplazamiento forzado, “ellos llegan y se llevan a las niñas, las usan y luego ahí las dejan, unas logran sobrevivir, mientras que otras ya conocemos la historia”, narraron mujeres desplazadas de esa región de la Tarahumara.

De acuerdo a información proporcionada a través del portal de Transparencia, en la región de Guadalupe y Calvo en el 2023 se registraron 48 homicidios, mientras que en el 2024 se contabilizaron 79 muertes violentas, en total fueron asesinados en ese municipio 127 personas, en un período de dos años, además que de un año a otro perdieron la vida 31 personas más que en el año inmediato anterior.

Con respecto al tema del desplazamiento forzado, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, en el 2023 se registraron 10 denuncias por este delito, mientras que en el 2024 esta cifra alcanzó los 17 casos. Sin embargo, de acuerdo a denuncias realizadas por colectivos defensores de los Derechos Humanos y del Territorio, las cifras negras permanecen en el silencio por el temor que existe entre las victimas de la violencia de los cárteles de la droga que imperan en la región.

Es decir que, a pesar de las medidas de “protección” desplegadas en la comunidad, los operativos y patrullajes de las céludad BOI integrada por los tres niveles de Gobierno, la violencia en la región de Guadalupe y Calvo continua azotando a los habitantes de las comunidades indígenas obligandolas a huir.

Tras el asesinado de Julián Carrillo, activista y defensor de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en octubre del 2018, transcurrieron cuatro años despúes para que José Trinidad Baldenegro fuera asesinado en marzo del 2022, todo por defender el bosque, al igual que su padre Julio Baldenegro, gobernador indígena asesinado en 1986.

Treinta años después de la muerte de su padre José Trinidad Baldenegro sufrió el asesinato de su hermano, Isidro Baldenegro asesinado en enero de 2017, años antes, en 2005, había recibió el Premio Goldman conocido como el Nobel ambientalista por la defensa de los bosques de su comunidad en la Sierra Tarahumara.

La comunidad indígena del ejido de Coloradas de la Virgen han reclamado títulos de propiedad de su territorio ante distintas autoridades por lo menos desde el año 1934, cuando solicitaron por primera vez el reconocimiento de la titularidad de las tierras para la creación del Ejido Coloradas de la Virgen.

La creación y otorgamiento del mismo se dio en 1957, cuando la mayoría de los solicitantes ya habían fallecido.

Han transcurrido 68 años desde que Coloradas de la Virgen fue reconocido como ejido del Pueblo Ráramuri y las cosas no han cambiado, apesar de la lucha por la defensa del territorio ancestral. En 1992, es decir 37 años de su fundación, el Estado le arrebató a la comunidad rarámuri los titulos de propiedad de sus tierras.

Posteriormente del 2000 al 2006, la comunidad ráramuri de Coloradas de la Virge intentaro recuperar su territorio sin lograrlo. Un año despúes la Semarnat dio un permiso a chabochis para la explotación forestal del bosque del territorio ancestral, por lo que tres años despúes 69 indígenas y autoridades tradicionales exigieron a la dependencia federal la anulación de dichos permisos.

Fue en el 2013, precisamente bajo el mandato del exgobernador príista César Horacio Duarte Jáquez, procesado por peculado y otros delitos, es que los incidentes de violencia comienzan en contra de la comunidad indígena de las Coloradas de la Virgen, citó Amnistía Internacional en su informe “Entre balas y el Olvido”.

Fue precisamente, en el sexenio de César Horacio Duarte Jáquez, que la violencia contra el activista y defensor del territorio ancestral de Coloradas de la Virgen, Julián Carrillo junto con otros líderes se vieron en la necesidad de solicitar medidas cautelares de protección por parte del Estado mexicano, las cuales fallaron pues la mayoría de los activistas defensores ambientales fueron asesinados y desplazados junto con sus familias.

En el 2015, el Tribunal Agrario suspendió los permisos para explotación del bosque lo que derivó en una escalada de violencia contra la comunidad, arrebatandole la vida a Santiago Quiñones Cruz, cuñado de Julián Carrillo en el mes de agosto de ese año.

La escalada de violencia contra Julián Carrillo continuo en febrero del 2016 cuando un grupo de hombres armados quemaron su casa y asesinaron a su hijo Víctor Carrillo, defensor del territorio, demandante en el proceso agrario, esto un mes después de la publicación de la sentencia agraria favorable a la comunidad.

En abril del 2016, también fue asesinado Eldipio Torres Molina, comisario de la policía comunitaria de Coloradas. Un mes despúes Valentín Carrillo Palma, exgobernador indígena de Coloradas, corrió con la misma suerte junto con Crescencio Molina, exgobernador indígena de Coloradas.

En julio del 2016, Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino de Julián, es asesinado. Ante estos hechos, el activista y defensor del territorio Julián Carrillo reportó incidentes de vigilancia de un grupo armado afuera de su hogar y amenazas contra su familia presuntamente por la persona que tiene una orden de arresto por el asesinato de su hijo.

Antes de que terminara el 2016, un grupo de hombres armados, no identificados prendieron fuego a la casa de Julián Carrillo en el rancho Guamuchilito.

En enero del 2017 y bajo la administración del exgobernador panista Javier Corral Jurado, es asesinado Isidro Baldenegro, líder Tarahumara que ganó el premio Goldman por sus esfuerzos para proteger los bosques de pino y roble en la Sierra Madre.

Ocho meses despúes, en el mes de septiembre del 2017 también es asesinado Alberto Alberto Quiñones Carrillo, sobrino de Julián Carrillo y tres meses despúes del crimen, en diciembre del 2017 un grupo armado compuesto por siete personas amenazó de muerte al gobernador indígena Cruz Moreno y a Julián Carrillo cuando se encontraban en la casa del gobernador.

Siete meses despúes de las amenazas a Julián Carrillo, en julio del 2018 el yerno del activista Francisco Chaparro Carrillo, es asesinado. Una persona de la comunidad le informó a Julián que había rumores que los hombres que asesinaron a su yerno querían hacerle daño. A raíz de ello, Julián se refugia en Sinaloa, para meses despúes correr con la misma suerte al ser asesinado en octubre del 2018.

A raíz de esta historia de violencia en contra de la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen, Amnistía Internacional al revisar las medidas de protección emitidas no solo a la población, sino a los defensores del territorio ancestral determinó que el Estado mexicano incumplió con la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar un ambiente seguro debido a que las medidas no son adecuadas para el riesgo que enfrentan ante la irrupción de grupos armados derivado a una baja presencia estatal y una fuerte presencia de grupos del crimen organizado.

Es respuesta, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha coincidido con Amnistía Internacional que la región serrana de Chihuahua concentra altos niveles de violencia, en gran medida debido a la presencia de grupos del crimen organizado, ligado al trá¬fico de drogas ilícitas.